Ante lo ocurrido en Honduras, voy a intentar analizar la situación en el país a consecuencia de la consulta popular que Zelaya planeaba hacer a su pueblo.
Pongámonos en antecedentes. Manuel Zelaya planeaba hacer una consulta a su pueblo sobre la posibilidad de incluir una nueva urna en las próximas elecciones para modificar la Constitución. Ante esto, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral dijeron que la consulta era ilegal y anticonstitucional, dieron un golpe de estado y expulsaron del país al presidente electo a punta de pistola.
Una vez dicho esto, comencemos:
Primero, la consulta no era vinculante. Eso quiere decir que la victoria del sí no implicaría un proceso de creación de una asamblea constituyente en absoluto, sino que simplemente sería una encuesta como las que se hacen en el resto de países del mundo.
La consulta no sería sobre si les parecería bien el hecho de la reelección indefinida como en el resto de países europeos ni la reelección del propio Zelaya. La consulta era referente a si a los hondureños les parecía bien que durante las próximas elecciones se votase también sobre la creación de una asamblea constituyente para modificar la constitución. Volvemos a lo mismo: preguntarles si más adelante querían decidir sobre la posible modificación de la constitución.
Hasta ahí queda todo claro. Ahora, si seguimos analizando la realidad en Honduras, veremos a qué es debido este golpe de estado, típico de la década de los 60 en América Latina.
Zelaya, hijo de terratenientes, se presentó a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, de centro derecha, representante de terratenientes y oligarcas. Su programa se basaba principalmente en tres puntos: combatir la delincuencia, impulsar la participación ciudadana y combatir la extrema pobreza de Honduras, donde un 80% de la ciudadanía vive en la pobreza y alrededor de la mitad de ese porcentaje, en la miseria total.
Esto, claro, no sentó nada bien a los organismos estatales en Honduras, y así se demostró cuando en las elecciones de 2005 el Tribunal Supremo Electoral tardó más de un mes en anunciar la victoria de Zelaya, en una clara muestra de falta de democracia, mintiendo al pueblo y dando así alas a la derecha más reaccionaria.
Pero lo que causó más estupor de todo fue el hecho de ver a Zelaya al lado de los líderes del ALBA, Chávez y Morales. La oposición interna y externa, es decir, la burguesía y los terratenientes convertidos en clase política dominante, puso el grito en el cielo y comenzó a atacar a Zelaya de todas formas posibles. Diciendo que estaba loco, que era un corrupto y demás calificativos que pasaban de meros insultos a opiniones políticas sin ningún tipo de fundamento o prueba de acusación. Durante muchos meses el Congreso bloqueó el ingreso de Honduras en el ALBA, hasta que finalmente en el 2008 se consiguió tras una larga lucha.
¿Qué había llevado a Manuel Zelaya, hijo de poderosos terratenientes y militante del Partido Liberal, a alinearse con el ALBA? Muy sencillo: su afán por cumplir su programa electoral. En declaraciones, Zelaya dijo que “nadie quiso ayudarle en su lucha contra la pobreza, salvo el Alba, que cuenta con el petróleo venezolano para, según sus partidarios, financiar programas sociales en todo el continente.” Esto hizo que Zelaya poco a poco se pasase al lado izquierdista latinoamericano, al lado de Chávez, Fidel, Morales o Correa.
“Pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. Los ricos no ceden nada de su plata. Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo”, dijo Zelaya un día. Y se dio cuenta de que la única forma de mejorar la situación en Honduras era modificar la constitución. No sólo el hecho de eliminar la limitación de mandato, como ocurre en otros países avales de la democracia como España, sino para intentar hace un poco más justo el sistema que rige Honduras.
Pero la oligarquía dijo ¡NO!
Zelaya decidió comenzar a aplicar otra de las propuestas de su programa, el aumento de la participación popular, que es el fondo de toda democracia real. Decidió preguntar al pueblo, aquél en quien realmente recae la soberanía de un Estado, si les parecería bien el hecho de modificar la constitución más adelante.
No le dio tempo a explayarse mucho más, ya que inmediatamente la oposición en el Congreso aprobó una ley que impedía realizar consultas o referéndums 180 días antes de unas elecciones. Esto era claramente una ley contra Zelaya.
Para sortear esta soga al cuello que le lanzaron los poderosos hondureños, Zelaya modificó la consulta popular y la estableció como una encuesta no vinculante más, de modo que así podría evitar la ley que se acababa de aprobar en su contra. Una acción perfectamente legal, a la que sin embargo el Tribunal Supremo Electoral, arma de la oposición, declaró también ilegal y mandó al ejército secuestrar las urnas y las papeletas preparadas.
Hay que aclarar, claro, que este Tribunal Supremo Electoral no es el mismo que el de otros países. En Honduras la separación de poderes no es real, pues el Tribunal Supremo es elegido a dedo por el Parlamento, asegurándose así un arma legal a su favor. Además, su función se limita a detener las elecciones, pero no a impedir encuestas, que dependen de otro órgano (el INE) y mucho menos a detener presidentes electos como ha ocurrido aquí.
Ante este acto, Zelaya dijo que nadie podría impedir que preguntara al pueblo. Y el pueblo, al igual que Zelaya, parecía haberse pasado al lado izquierdista. O por lo menos, así lo avalan las más de más de 400.000 firmas a favor de la consulta. A pesar de estas firmas, las urnas y papeletas fueron secuestradas, y a pesar del secuestro, Zelaya y sus partidarios salieron a la calle y recuperaron las urnas que los militares habían incautado.
En cualquiera de los casos, Zelaya no iba a ser presidente de Honduras nuevamente, se hiciese la consulta o no. Se modificase la constitución o no. Él mismo había hecho numerosas declaraciones indicando que no volvería a presentarse, y aunque quisiese no podría hacerlo porque la teórica modificación de la constitución se realizaría en el siguiente mandato en el cual Zelaya no podría participar porque lo impediría la constitución del momento.
Para concluir, la cacareada opinión de que Zelaya quería perpetuarse en el poder vuelve a caer por tierra, porque su partido ya había elegido nuevo candidato: Elvin Ernesto Santos. Candidato que, ¿sabéis con quién compitió para la candidatura? pues casualmente con Roberto Micheletti, líder del ala más conservadora del partido y que ha sido nombrado presidente tras el golpe de estado. Qué casualidad, ¿eh?
Parece que las viejas tácticas de la oligarquía en Almérica Latina han resurgido. Primero, el desgaste político. Segundo, el uso del poder y sus armas para impedir desde la “legalidad” (su legalidad) el cuestionamiento de la sociedad burguesa. Tercero, y tras el fallo en los dos primeros puntos, el golpe de estado.
Por la restitución del presidente Zelaya y el castigo a los golpistas. ¡Evitemos otro 11-S!
