De payasos va la cosa

Muy peligrosa se revela la situación en el Estado español. Resulta que el alcalde de Bilbao, perteneciente al PNV, junto con el apoyo de IU ha decidido vetar la actuación de unos payasos muy queridos por los niños en Euskadi, meramente por motivos ideológicos. Se trata de los payasos Pirritx y Porrotx.

Durante el pleno del día 25 de junio, el Partido Popular solicitó que se retirasen las actuaciones del dúo de cualquier programa financiado con dinero público. El alcalde bilbaíno ante esta ilegal propuesta, pidió a las delegadas de cultura que “reflexionasen” durante una semana acerca de la misma.

Transcurrido el tiempo reflexivo, el veto salió adelante, por lo que muchos niños vascos se quedarán sin poder ver a sus payasos preferidos en Bilbao. No existe ninguna justificación legal que ampare esta actuación del ayuntamiento bilbaíno, pues el motivo del veto es de carácter puramente ideológico. “Estos payasos tienen una trayectoria política que se conoce en este país”, fue la justificación salida de boca del alcalde bilbaíno. Ningún otro motivo más que la “trayectoria política” de ambos.

Ese motivo, esa “trayectoria política” que ha llevado al ayuntamiento a impedir el derecho a ejercer su profesión a estos dos trabajadores, se basa en que fueron concejales por Euskal Herritarrok hace unos años, así como el hecho de haber participado recientemente en un vídeo denunciando la dispersión de los presos vascos. Sus actuaciones cómicas están exentas de cualquier connotación política, por lo que se deduce fácilmente que son censurados por su afiliación política e ideológica, libremente ejercida fuera de su ámbito de trabajo. Estamos, por tanto, ante una actuación ilegal, ya que la Constitución que tanto defienden los “demócratas” reza en su artículo 14 que que “nadie puede ser discriminado por  motivos políticos, raciales o religiosos“.

No es la primera vez que se intenta vetar a estos payasos por motivos ideológicos. En la localidad de Ermua, el acalde Carlos Totorika expresó que “mientras yo sea alcalde, esa payasa no viene aquí”, y durante cinco años impidió al dúo ejercer su trabajo en el pueblo. Ante esta situación, las agrupaciones culturales denunciaron la ilegalidad cometida y el ayuntamiento tuvo que levantar su censura por una orden judicial. El día 24 de marzo, se pusieron a las 18:00 a la venta las entradas para asistir a la actuación de Pirritx y Porrotx, que quedaron agotadas en 20 minutos. Por fin, los niños vascos de Ermua pudieron ver a sus payasos preferidos sin tener que salir fuera de su localidad.

Este es otro nuevo ataque a la libertad por parte de los “demócratas”. Sorprende ante todo el hecho de que la propuesta haya sido apoyada por Izquierda Unida, parece que la izquierda reformista se va quitando la careta cada día más.

El impedimento de que estos dos payasos puedan ejercer su trabajo libremente debido a motivos ideológicos es terriblemente grave, pero más grave me resulta al pensar que con ello se juega con la ilusión de los niños. Ellos no saben lo que es la dispersión, ni tampoco han oído hablar de Euskal Herritarrok. Estos niños no están tristes porque muchos presos vascos estén recluídos en diferentes cárceles a lo largo del Estado español de forma ilegal, ni porque a una parte de la sociedad vasca se le haya impedido en numerosas ocasiones ejercer su derecho a voto. Para ellos, su mayor preocupación reside en que no pueden ver a sus payasos favoritos.

¿Cómo explicar a un inocente niño que no puede ver a esos payasos que tanto le gustan porque el ayuntamiento ha decidido que su forma de pensar no está bien?

Si yo fuese padre, se me partiría el corazón.

Yo también soy Sastre

Como era previsible, la derecha institucional y sus medios de comunicación arremeten de nuevo contra Alfonso Sastre y contra II-SP. No bastaban las calumnias del ministro de Interior, el esperpéntico intento de ilegalización por parte del Tribunal Supremo, el acoso mediático previo a las elecciones, el fraude electoral… Para los herederos del franquismo y los hijos políticos de los GAL, la disidencia real es algo que hay que eliminar a cualquier precio, por todos los medios legales e ilegales, legítimos e ilegítimos. Aun a costa de hacer el ridículo, que es el mayor peligro que corren los que abusan de un poder respaldado por el dinero y la fuerza bruta. Aun a costa del supremo ridículo que supone llamar “matón” a Alfonso Sastre por recordarnos algo obvio, algo que el Gobierno sabe mejor que nadie: que solo hay un camino para acabar con ETA, y que ese camino pasa por cambiar las condiciones objetivas que propician la aparición de nuevos militantes. Aunque mañana fueran detenidos todos los etarras, dentro de unos meses podría haber un nuevo comando listo para prolongar la espiral de la violencia. ¿Es una amenaza decir algo tan evidente? Parece ser que sí. Parece ser que la ancestral costumbre de los tiranos neuróticos sigue vigente en la “España democrática”, y matar al mensajero produce un cierto alivio entre los que piensan con las vísceras.

Pero esta vez no han medido sus fuerzas. Alfonso Sastre les viene demasiado grande, les queda demasiado alto, y a los que lanzan hacia él su sucia baba, como a los que escupen al cielo, les caerá en la cara. Somos muchos y muchas -y no todos “radicales”, como le gusta llamarnos al poder- los que vemos en Sastre un imprescindible referente de lucidez, valor y dignidad, un ejemplo a seguir en lo intelectual y en lo ético. Somos muchos y muchas los que, como Sastre, pedimos una solución pacífica y dialogada al denominado “conflicto vasco”; lo cual supone, por supuesto, el cese de los atentados, pero también el cese de las torturas (denunciadas insistentemente por la o­nU, Amnistía Internacional y más de cuarenta organizaciones de todo el Estado español), de la represión desmedida  y de la llamada “guerra sucia”, que no es más que otro nombre del terrorismo de Estado. Somos muchos y muchas los que, ante este nuevo intento de criminalización de la inteligencia que un Millán Astray habría capitaneado con fervor, diremos -decimos ya- “Yo también soy Sastre”.

Fuente y adhesiones.

Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas

Anulada por el Tribunal Supremo y rehabilitada por el Tribunal Constitucional. Las papeletas de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) estarán en los colegios electorales el próximo 7 de junio para las elecciones europeas.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por II-SP contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio. Considera así que esta lista, encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, puede presentarse a las elecciones cuya campaña comenzó a las 00.00 horas.

Para el Tribunal Constitucional (TC), los indicios en los que el Supremo se basó para ilegalizar la candidatura de Alfonso Sastre no demuestran otra cosa que la «coincidencia ideológica» entre Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (IISP) y ETA-Batasuna, «pero no ponen de manifiesto una concertación de voluntades entre éstos y aquélla, ni mucho menos la asunción [por IISP] de métodos violentos como instrumento de actuación».

La decisión de permitir que IISP concurra a los comicios europeos fue tomada tomada al filo de las 23.00 horas por los seis miembros de la Sala Segunda del TC (Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala y Eugeni Gay, este último ponente).

El Constitucional advierte del «riesgo» de que, «confundiendo la ideología profesada por un partido y los medios defendidos o utilizados para promoverla, se termine por perjudicar a quien comparte esa misma ideología aun cuando no pueda demostrarse que la defiende por medios violentos».

En ese riesgo se ha incurrido con la ilegalización de IISP, afirma, dado que «las conexiones apreciadas se establecen con la sola referencia a la izquierda abertzale». «En nuestro ordenamiento no cabe excluir ideología alguna», insiste el TC, «ni por su contenido o sus fundamentos, ni por los medios de los que eventualmente quieran valerse quienes la defienden». Si esos medios son violentos, «serán inaceptables en cuanto tales, pero sin perjuicio alguno para la ideología a la que pretendan servir».

El Constitucional recuerda que el Estado debe defender el régimen de libertades «sobre la base de certidumbres basadas en datos acreditados», pero nunca a partir de sospechas que, «por razonables que puedan ser en términos políticos», «han de quedar descartadas como elemento de conformación de la voluntad del poder público». Ahí está, dice, «su fuerza legitimadora» y su «verdadera grandeza».

La sentencia destaca que, a diferencia de anteriores ilegalizaciones, no se han demostrado vínculos financieros o de apoyo material entre ETA-Batasuna y la lista IISP.

Y respecto a los elementos manejados por el Supremo (que acordó la ilegalización por 11 votos frente a cinco, entre éstos el del ponente, José Luis Calvo), ninguno tiene, según el TC, la «entidad necesaria» para privar a la candidatura cuestionada del derecho fundamental a la participación política.

Así, los documentos atribuidos a ETA demostrarían que concede relevancia a las elecciones europeas, pero no hay ninguna referencia, «ni siquiera remota», a IISP.

La relación de los promotores y candidatos con la izquierda abertzale (su participación en listas ilegalizadas, mítines y manifiestos) son «sólo acreditativas en principio de una inclinación ideológica que en absoluto puede merecer censura». Que Sastre movilice el voto que hubiera correspondido a Batasuna no tiene ni categoría de indicio porque «aquel voto es tan legítimo como pueda serlo cualquiera en un régimen democrático. No entenderlo así supondría cercenar gravemente el pluralismo político».

En este contexto de «insuficiente entidad probatoria de los indicios», ni siquiera es necesario considerar la cuestión de la condena de la violencia, que, además, «se ha verificado en la demanda de amparo», aunque no se hizo ante el Supremo.

Revés para Rubalcaba

El fallo supone un serio contratiempo y deja tocado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había puesto mucho interés en defender públicamente esta ilegalización, mientras compañeros de Gabinete como el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, preferían guardar un prudente silencio.

Rubalcaba echó las campanas al vuelo el pasado sábado. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo aceptando su tesis de que se cerrara el paso a II-SP, argumentó que había «pruebas suficientes» para ello y reiteró que la lista liderada por Sastre «lo que pretende es sencillamente permitir la presentación de Batasuna a las elecciones».

«Batasuna y sus acólitos y marcas satélites tienen que reconocer que en democracia o se está con los votos o se está con las bombas, pero no con ambas», remarcó Rubalcaba, que tiene el apoyo entusiasta del PP.

El ministro de Interior parecía contar con la seguridad de que el TC validaría la decisión del TS, pero obvió que en este órgano ya se produjo un amplio debate y que cinco de los magistrados -incluido el ponente de estos casos- se desmarcó del criterio mayoritario. A la luz de las alegaciones presentadas por II-SP, crecieron las voces que afirmaban que no había motivo alguno para impedir que ejerciera su derecho a concurrir. Varios medios recordaron que Europa lleva tiempo vigilando este tipo de aplicaciones «extensivas» de la Ley de Partidos.

Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía habían insistido en defender la ilegalización de esta candidatura hasta el último momento. En las alegaciones presentadas el miércoles, veían insuficientes las explicaciones de II-SP.

Así, la Fiscalía abundó en la afirmación de que la estrategia de II-SP constituía un mero «ardid de ETA» para tratar de llegar a Estrasburgo. Pese a que en la candidatura ni siquiera hay candidatos vascos salvo Alfonso Sastre, que está afincado en Hondarribia hace muchos años, el fiscal presentaba la candidatura como «sólo un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo: el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo».

Sobre los candidatos, además de la vinculación que se hace entre Sastre y la número dos, Doris Benegas, la Fiscalía añadió datos como que la candidata Ángeles Maestro colgara un artículo en la web kaosenlared.net que indica que Iniciativa Internacionalista «defiende planteamientos plenamente coheren- tes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale». Se da la circunstancia de que el Gobierno español ha argumentado en muchísimas ocasiones que la Ley de Partidos no persigue ideas, sino comportamientos delictivos.

“Presión brutal”

Iniciativa Internacionalista mostró su “altísima satisfacción” tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional que le permitirá presentarse a las elecciones europeas, un hecho que “restituye” un derecho que fue menoscabado por la “presión brutal” ejercida por el Gobierno.

Según explicó a Europa Press el representante legal de II-SP, Luis Ocampo, lo que hecho por el Constitucional es acogerse a lo que ya había adelantado en un primer momento la Junta Electoral Central, que “en todo momento vio ajustada a la legalidad vigente” la candidatura.

“Desgraciadamente”, recordó Ocampo, “un sector del Tribunal Supremo fue sensible a la presión brutal del Gobierno y decidió ilegalizar la candidatura”. En opinión de II-SP, lo que ahora ha hecho el Constitucional es “restituir” su derecho “evidente y clarísimo” para concurrir en los comicios del próximo 7 de junio.

No obstante, Ocampo señaló que no tenían nada que agradecer al Constitucional porque para ellos era “impensable” que no pudieran recibir el “significativo” número de votos con los que esperan ser correspondidos en los comicios europeos.

Ocampo se pronunció así tras conocer que el Tribunal Constitucional había estimado el recurso de amparo presentado por II-SP al considerar que la lista encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre cumplía la legalidad.

Además, en un comunicado la coalición prometió luchar “con todas sus energías” para acabar con defectos del Estado como la corrupción, el colapso de sistemas públicos como el educativo y “el uso partidista de la administración de justicia y de las fuerzas policiales”.

Antes de que el caso llegara a su fin, por la mañana II-TS salió a la palestra para “evidenciar que toda la persecución en su contra supone que en el Estado español no se cumplen los estándares mínimos de cualquier democracia”. «En la época del segundo quinquenio de los 70 se hablaba de `búnker franquista’ y ahora podemos hablar de `búnker constitucional’», afirmó en una nota de prensa.

Su valoración incide en que el Estado español no puede considerarse como democrático por motivos de raíz y de desarrollo. Entre los primeros, recuerda que el actual Rey «juró como sucesor en función de las Leyes Fundamentales del Movimiento, estructura jurídica básica del régimen franquista».

Añade que «en el Estado español la separación de poderes es inexistente y además notoria». Y cita, en paralelo, que tampoco se cumple el requisito de respeto a las libertades fundamentales, toda vez que se cierran medios, se ilegalizan organizaciones o se prohíben manifiestaciones.

Siguiendo con su repaso, II-SP cita que además en el ámbito del Estado existen presos políticos, que no se cumple el principio de seguridad jurídica («lo que ayer no era delito hoy lo es, incluso con carácter retroactivo»), que lo mismo ocurre con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por último, que las FSE mantienen un carácter «represivo».

«El régimen español recurre de una forma cada vez más intensa y extensa a la represión como forma de garantizar su continuidad -concluye el comunicado-. Esta vía tampoco le va a servir a medio plazo».

Comunicado de Iniciativa Internacionalista

“Este Estado tiene una fuerte presencia de elementos negativos: corrupción generalizada, ineficiencia institucional, colapso de diversos sistemas públicos, especialmente en la educación, uso político y partidista de la administración de justicia y fuerzas policiales…

Así como tiene un profundo déficit de cosas positivas, careciendo de: respeto por las libertades, protección de los derechos sociales, respeto a los derechos políticos y culturales de los pueblos, todo ello se ve agudizado por el marco de la crisis económica.

En síntesis, nos encontramos ante un sistema que está muy lejos de ser ejemplo positivo para nadie.

Esta candidatura va a luchar con todas sus energías para acabar con los defectos y superar los déficits, durante la campaña y después de ésta”.

(Extraído de Rebelion.org)

¡Cuán grave ha sido este ataque a la libertad, que hasta un tribunal burgués y españolista ha tenido que ponerle freno!

La criminalización de la honradez

(Un artículo de Carlo Frabetti)

“No sigo, ni he seguido nunca, consignas de ETA ni de Batasuna. En más de una ocasión he manifestado, públicamente y por escrito, mi rechazo a atentados de ETA, calificándolos de éticamente inadmisibles y políticamente absurdos. Y me consta que las personas más significadas -y más criminalizadas- de Iniciativa Internacionalista comparten mis opiniones y mi independencia de pensamiento y actuación.

Conozco bien la obra y las ideas de Alfonso Sastre, que me honra con su amistad. Y no sé de nadie que haya defendido con mayor entereza la causa de la verdad y la justicia sin más armas que las palabras. Por lo que respecta a su participación en Iniciativa Internacionalista, fui yo mismo quien le habló por primera vez del proyecto y de la posibilidad de que encabezara nuestra candidatura al Parlamento Europeo. Miente quien diga, desde el poder o desde los medios de comunicación, que Sastre sigue otros dictados que no sean los de su conciencia.

No soy ni he sido nunca militante de Corriente Roja, la formación liderada por Ángeles Maestro, pero coincido básicamente con sus planteamientos y me une a ella una estrecha amistad. En lo que va de siglo, hemos librado juntos muchas batallas políticas y juntos hemos participado en numerosos foros y debates, y puedo garantizar que Maestro no solo no sigue consignas de Batasuna, y mucho menos de ETA, sino que siempre ha sido -como yo mismo- sumamente crítica con los nacionalismos beligerantes, que solo tienen sentido como respuesta a una agresión o a una negación de soberanía. Y me consta su total rechazo de los atentados sangrientos.

Mi trato personal con Doris Benegas, número dos de la candidatura, ha sido escaso; pero he seguido con atención su trayectoria política y la considero ejemplar.

Gloria Berrocal, otra de las candidatas más conocidas, es una vieja amiga con la que he colaborado tanto en programas de radio y televisión como en actividades políticas y culturales de todo tipo. Siempre se ha mostrado inequívocamente contraria al derramamiento de sangre.

Con la actriz Alicia Hermida y su compañero, el dramaturgo Jaime Losada, también candidatos al Parlamento Europeo por II-SP, no tengo una relación estrecha; pero su andadura profesional es sobradamente conocida, y no creo que nadie en su sano juicio se atreva a relacionarlos con ETA.

En cuanto a las personas que, como yo mismo, apoyan la candidatura sin estar en ella, quiero destacar la presencia del filósofo y escritor Santiago Alba Rico (autor de un artículo titulado Sin ETA lucharíamos mejor ), el maestro de periodistas Antonio Álvarez Solís, la bibliotecaria Blanca Calvo (ex alcaldesa de Guadalajara y ex consejera de cultura de Castilla-La Mancha), el actor Vicente Cuesta, mis colegas Ricardo Gómez y Gonzalo Moure (galardonados autores de literatura infantil), el humorista gráfico Kalvellido, la escritora y periodista Montserrat Ponsa, el músico Antonio Resines, el escritor y catedrático jubilado Vicente Romano, la escritora y artista plástica Sara Rosenberg, el filósofo Javier Sádaba, el escritor Andrés Sorel, el musicólogo y periodista Carlos Tena, el pintor y humorista Andrés Vázquez de Sola… A todos ellos y ellas los conozco personalmente, y a la mayoría los cuento entre mis amigos y los he oído manifestarse contra el derramamiento de sangre.

¿Por qué, entonces, no hemos condenado públicamente a ETA? La respuesta que voy a dar es estrictamente personal, auque sé que muchas personas, dentro y fuera de II-SP, la suscribirían. He escrito numerosos artículos relativos a esta delicada cuestión (véase, por ejemplo, El significado de la condena , Rebelión, 22 3 08, www.rebelion.org/noticia.php?id=64959 ), y a continuación expondré una vez más, aunque de forma necesariamente resumida, mis argumentos:

En un Estado de derecho solo puede condenar un juez, y solo tras un juicio justo y un veredicto de culpabilidad. Cuando un particular o una organización “condenan” algo o a alguien, utilizan una fórmula improcedente y se arrogan una función que no les corresponde. Pero aun en el supuesto de que se hubiera consensuado una acepción extrajudicial del término y todo el mundo entendiera “condenar” en el sentido de rechazar o deplorar, ¿quién decide, y con qué criterio, qué es lo que hay que condenar y lo que no? Y, sobre todo, ¿quién tiene derecho a exigirle a nadie que condene algo públicamente? Como autor de literatura infantil y persona especialmente preocupada por el bienestar de los niños, nada me repugna tanto como la pedofilia. Pero si alguien me exigiera que condenara públicamente a un pedófilo o una trama de pornografía infantil, me negaría en redondo. Primero, porque no soy juez, y, segundo, porque, aun en el supuesto de que fueran oportunas -o tan siquiera lícitas- las “condenas” extrajudiciales, nadie tendría derecho a decirme a quién debo condenar y a quién no, ni en qué momento o circunstancia. La libertad de expresión empieza por la libertad de silencio.

Huelga señalar que todas estas aclaraciones serían innecesarias en un auténtico Estado de derecho, basado en la presunción de inocencia y en la separación de poderes. Pero nos encontramos exactamente en el caso contrario: una confabulación de poderes alrededor de una supuesta culpabilidad. Y ni siquiera supuesta: tanto Interior como los magistrados del Supremo tienen que saber que no somos una tapadera de ETA ni seguimos sus consignas; de lo contrario, no sería concebible que cinco de los dieciséis magistrados hubieran votado en contra de la anulación de nuestra candidatura. ¿Pretenden hacernos creer que un 30% de los magistrados del Tribunal Supremo están a favor de los proetarras?

En realidad, lo que preocupa a los poderes establecidos es precisamente nuestra independencia. Es precisamente nuestra honradez lo que incita a criminalizarnos. Porque si siguiéramos consignas de ETA o de Batasuna, no habríamos obtenido el amplio respaldo y las numerosísimas muestras de apoyo que nos han llegado de todas partes, y eso es lo que nos hace peligrosos a los ojos del poder.

Personalmente, confío en que el Tribunal Constitucional no repita la bochornosa actuación del Supremo. Pero, aunque anulen nuestra candidatura, los pusilánimes y los corruptos no podrán pararnos. Somos más que ellos, y somos mejores. Y estamos cada vez más unidos.”

El insaciable fascismo español

Como muchos ya sabréis el Tribunal Supremo ha anulado la lista de Iniciativa Internacionalista para las elecciones europeas, así que he decidido copiar un texto de Pedro Honrubia Hurtado que leí en Rebelión.org esta mañana, el cual suscribo palabra por palabra.

Como ya deben saber, el Tribunal Supremo Español ha confirmado finalmente la anulación de la lista electoral para las elecciones europeas “Iniciativa Internacionalista-La solidaridad entre los pueblos”, supuestamente por ser una lista sucesora de Batasuna, en una decisión que podemos considerar, sin duda alguna, como la mayor tropelía jurídica, junto al famoso proceso 18/98, que se ha cometido contra la democracia y los derechos políticos y civiles de los ciudadanos del Estado desde el fallido intento de golpe de Estado de 1981. Es una auténtica vergüenza que pone de manifiesto muy a las claras el rostro absolutamente fascista que se esconde tras la falsa democracia española, un régimen monárquico heredado directamente del franquismo y que sigue operando como tal bajo los mismo parámetros ideológicos que su antecesor, sin ningún pudor ni remordimiento, con la más absoluta indecencia e impunidad.

Para quien no lo sepa aún, la lista ahora anulada era una coalición a nivel estatal de partidos políticos anticapitalistas de izquierdas, algunos de ellos vinculados con el nacionalismo soberanista y otros con la izquierda socialista y republicana a nivel estatal. En sus filas se encuadraban una amplia variedad de personas, desde famosos intelectuales de reconocido prestigio, a activistas políticos con muchos años de lucha a sus espaldas, sindicalistas y algunos independientes pertenecientes al mundo de la cultura. Ninguno de ellos ha apoyado jamás la lucha armada de ETA como tal. En todo momento han dejado claro además que la candidatura se desvinculaba del apoyo a cualquier tipo de lucha armada. Pero de nada les ha servido, el fascismo español es insaciable.

De todos los miembros de la lista, únicamente uno de ellos, el dramaturgo Alfonso Sastre (el dramaturgo vivo más importante del mundo), había estado presente anteriormente en una lista electoral relacionada con la Izquierda Abertzale, lo cual en ningún caso debería servir para anular sus derechos civiles y políticos como ciudadano, derechos éstos que le deberían supuestamente asegurar su capacidad para poder elegir y ser elegido democráticamente en unas elecciones libres. Las personas no se convierten en delincuentes por formar parte de ninguna lista política ilegalizada, eso no es ningún delito. Mucho menos esto debería poder ser excusa alguna para ilegalizar a toda la lista en conjunto por estar supuestamente contaminada. Pero el fascismo español es insaciable, no atiende a razones.

La propia Izquierda Abertzale emitió pocos días atrás un comunicado desvinculándose de esta lista, que nada tiene que ver con ellos más allá de algunos nexos ideológicos que puede haber entre ésta y algunos colectivos o personas que conforman la lista, como puede ser la voluntad anticapitalista, la defensa cerrada del derecho de autodeterminación o la oposición radical a la fascista ley de partidos que ahora está ilegalizando esta candidatura por la cara y sin ningún tipo de garantía jurídica que pueda amparar el derecho que sus miembros tienen a presentarse democráticamente en unas elecciones libres defendiendo las ideas que consideren oportunas. Precisamente los principios ideológicos que ahora se están declarando no aptos para ser defendidos libremente en democracia, es decir, ilegales.

Esta decisión se fundamenta únicamente en la lógica fascista del Estado que desde tantos años atrás nos vienen asolando día tras día. Una lógica macabra que opera bajo la falacia denominada como reductio ad hitlerum. La expresión reductio ad hitlerum (Reducción a Hitler, falacia del tipo Cum hoc ergo propter hoc) o argumentum ad nazium fue creada originalmente por Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago. Reductio ad hitlerum es una falacia de la forma “Adolf Hitler o el partido nazi apoyaban X; por lo tanto X debe ser malo”. En este caso el discurrir lógico de la justicia española para ilegalizar esta candidatura amparándose supuestamente en su vinculación con lo que ellos llaman ETA-Batasuna resulta evidente.

En el fondo, todos los que mirábamos con recelo la ley de partidos cada vez que ésta había sido aplicada en contra de los derechos políticos y civiles de los ciudadanos vascos, sabíamos que este momento, este salto cualitativo en la estrategia de represión a las ideas políticas que más incomodan al sistema establecido tanto económica como institucionalmente, tenía que llegar, que la cosa no se quedaría simplemente ahí y que antes o después todos aquellos que compartiésemos algún argumento político con la Izquierda Abertzale, especialmente desde posiciones de izquierda anticapitalista y soberanista, nos veríamos afectados igualmente por esta ley fascista. Como predecir el destino bajo este marco de fascismo encubierto resulta fácil, ahora se ha demostrado que nuestras sospechas estaban en lo cierto. El fascismo español es insaciable.

En la lista había gente de todos los rincones del Estado: vascos, catalanes, gallegos, andaluces, canarios, castellanos, aragoneses, asturianos, etc. Hasta ahí llega el supuesto “entorno” de ETA para la justicia española, es decir, hasta todos y cada uno de los rincones del Estado donde haya un ciudadano de izquierdas, anticapitalista, que defienda el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que sepa ver con claridad que la ley de partidos es una ley fascista. Esto es, ni más ni menos, un proceso inquisitorial en toda regla, fascismo puro, fascismo insaciable.

Somos muchos miles los ciudadanos del Estado Español que teníamos pensado votar por esta candidatura que nos parecía totalmente acorde con nuestros planteamientos ideológicos, aunque pudiéramos tener algunas diferencias con unas u otras de las organizaciones que habían compuesto la coalición. Con esta decisión, el Tribunal Supremo Español ha conculcado nuestros derechos civiles y nos ha reducido a la categoría de ciudadanos sin derechos políticos, sólo por ser de izquierdas, anticapitalistas, apoyar el derecho de autodeterminación y denunciar la fascista ley de partidos sin tapujos. Ante tal hecho, me siento humillado en mi calidad de ciudadano, y completamente impotente ante este atropello con mayúsculas a mis derechos políticos y civiles.

Aunque ya hace tiempo que no solía hacerlo con normalidad, puedo asegurar que desde este mismo momento jamás volveré a hablar de España como una democracia, porque no lo es. Es un Estado Fascista que se camufla tras un rostro de supuestas libertades y ante cuya conculcación sistemática los ciudadanos no podemos hacer nada, salvo jodernos. Un fascismo insaciable.

Mi nombre aparece además vinculado a la firma de un manifiesto en apoyo a esta candidatura. Supongo que desde este momento, además de habérseme impedido votar por mis ideas de la manera más vil y ruin posible, de habérseme anulado mi condición de ciudadano libre con derechos políticos y civiles, estaré en alguna lista negra también como posible miembro del “entorno etarra”. Esta gente no olvida nunca nada, como se ha demostrado con las acusaciones vertidas sobre Dori Benegas, Ángeles Maestro y algún otro miembro de la lista por “haberse reunido con la izquierda Abertzale”, “haber pedido el voto para el PCTV” o “haber participado en actos públicos junto a Otegui”. No importa cuál sea el pensamiento de estas personas, el haber cometido estos “errores” en el pasado les acompañará para siempre cuando de hacer juicios inquisitoriales contra ellos se trata. Supongo que yo, y el resto de las personas que firmamos el manifiesto de apoyo a la iniciativa, por no hablar ya de quienes han formado parte de su lista electoral, desde este mismo momento pasamos también a formar parte de ese grupo de “apestados”, como muy acertadamente lo llamaba recientemente el Filósofo Santiago Alba en un artículo publicado en las páginas de Gara y aparecido después en Rebelión.org.

Pero nosotros, ciudadanos democráticos y de izquierda revolucionaria, tampoco olvidamos. Ya no es sólo que nadie me podrá convencer nunca más de que en el Estado Español existe algo parecido a una democracia sino que, en consecuencia, espero que nadie me vuelva a pedir jamás que, aunque yo nunca la practicaré por mis convicciones ideológicas pacifistas ni está entre mis deseos que nadie la practique, condene la violencia contra el Estado, porque la violencia política del Estado ya me ha condenado a mí de antemano, sin yo haber hecho nada, junto a cientos de miles de ciudadanos más que, por el simple hecho de tener alguna intención de dar su apoyo a esta candidatura, ahora pasan a ser sospechosos de cualquier cosa en general, y de ser terroristas o amigos de los terroristas en particular.

Cuando el fascismo se impone, el derecho a la resistencia es un deber del ciudadano. En España definitivamente ha quedado claro que el fascismo se impuso en 1936 y, desde entonces, con un modelo de régimen o con otro, no ha vuelto a abandonarnos. Ante eso cualquier forma de resistencia es legítima. Años llevan avisándonoslo nuestros compañeros de la Izquierda Abertzale, ahora me arrepiento de no haberles hecho antes todo el caso que merecían. Desde hoy me siento un poco más cercano a ellos y mucho más lejos de esos pulcros ciudadanos que me rodean por doquier, con su moral de pantomima, sus condenas baratas, y que ahora no moverán un dedo contra este atropello de mis derechos políticos y civiles, que también son los suyos, aunque no quieran verlo.

Todos somos terroristas

Hola. Soy un ciudadano de Madrid. Soy un ciudadano de Barcelona, o de Bilbao. O de Valencia, Sevilla o A Coruña. De Euskal Herria, o de los Països Catalans. De Castilla, de Galiza o de Andalucía. O quizá simplemente sea un republicano español respetuoso con todos los pueblos que conforman el actual Estado español.

Vivo con mis padres, o con mi pareja. Quizá tengo hijos o quizá viva solo. Trabajo o estudio, tengo coche o piso, o lo que es lo mismo: hipoteca. Me gusta el fútbol, estar en los bares y el cine o los videojuegos. Soy agradable y pacífico, nunca en mi vida he pegado a nadie ni mucho menos he empuñado un arma contra alguien. Soy lo que se podría llamar un tío normal.

O quizá no.

Para mis padres o mi novia; para mis hijos o mis amigos, soy una persona normal. Sin embargo para el Estado soy un terrorista.

Yo, que nunca he matado a nadie ni mucho menos he celebrado una muerte pues mi ética me lo impide, parece ser que me muevo en el entorno del terrorismo. Y yo sin saberlo, vaya.

Pero, ¿por qué soy un terrorista o simpatizante de los terroristas? Si yo nunca he matado a nadie, si nisiquiera he cogido un arma en mi vida, ¿por qué? Y si las opciones políticas con las que simpatizo están formadas por otras personas como yo, ¿por qué son terroristas? ¿por qué pertenecen al entramado de un grupo terrorista?

No entiendo nada, estoy confuso. Dudo de mi integridad, ya que después de leer un artículo en Kaosenlared, me he enterado de que pretenden ilegalizar la candidadtura de Iniciativa Internacionalista, partido al que había decidido otorgar mi voto. Lo pretenden ilegalizar por ser una tapadera de Batasuna y por pertenecer al entramado de la banda terrorista ETA.

Pero algo no me cuadra, la verdad. Primero, porque una lista conformada por diversas opciones políticas de todo el Estado español (tanto independentistas como estatales) no puede ser una lista sucesora de Batasuna o de cualquier partido concreto de la izquierda abertzale. En realidad, los miembros de la izquierda abertzale simplemente serían una aportación más añadida a la del resto de grupos que conforman I.I. Segundo y más importante: no me cuadra la acusación por el mero hecho de que las personas que forman las listas no han matado a nadie en su vida ni han formado parte de un grupo armado. Son sindicalistas, filósofos, estudiantes, trabajadores… pero no terroristas.

Así que todo esto me lleva a pensar una cosa, y es que se les (nos) acuse de terroristas por sus (nuestras) ideas políticas. Por atacar al sistema capitalista vigente y defender el socialismo como única opción viable para los intereses de nuestra clase. Por defender una república como modelo estatal y por defender el derecho de autodeterminación de los pueblos. Quizá esto choque directamente con el orden del actual Estado español, con su sistema capitalista, su monarquía y su unidad indivisible. Quizá por esto nos persigan, criminalicen y acusen de asesinos. Quizá por luchar contra la injusticia seamos peligrosos para los que se sustentan en ella.

Quizá simplemente por defender estas ideas, mi voto sea ilegal.